Mensaje del Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama; y del secretario de gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, durante la presentación de la iniciativa de reforma al Código Penal en materia de combate a la corrupción inmobiliaria

JEFE DE GOBIERNO, MARTÍ BATRES GUADARRAMA (MBG): Muchas gracias, amigas, amigos, gracias por venir en esta mañana a la presentación de una iniciativa que enviaremos al Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código Penal y agregar un capítulo y un artículo sobre un tema específico: la corrupción inmobiliaria.

Con esto modificamos el Código Penal, adecuándolo a problemáticas presentes que requieren un tratamiento cada vez más especializado. De hecho, los códigos penales se van transformando con el tiempo, van surgiendo nuevos tipos penales, de acuerdo a los cambios sociales, políticos y hasta culturales en las sociedades.

Aquí, por ejemplo, sabemos que hay un conjunto de tipos penales que no existían antes como violencia familiar u otros de ese tipo que han atendido ciertas problemáticas que no se consideraban como conductas penales en otros tiempos y que ahora van siendo atendidas desde esta perspectiva.

Así, también en este caso, nosotros advertimos una problemática que está presente cada vez más y la sociedad reclama su atención con diversos instrumentos y uno de ellos tiene que ser el Código Penal.

Ciertamente se han atendido estas problemáticas, pero requieren una actualización. Nosotros tenemos que atacar fenómenos que se van presentando en la sociedad, particularmente en las sociedades urbanas; y uno de esos fenómenos que han sido denunciados intensamente por la ciudadanía cuando visitamos una colonia o cuando visitamos un territorio, es el de la corrupción inmobiliaria.

Es frecuente, particularmente en Benito Juárez, que los vecinos nos indiquen, nos digan: “ahí hay un edificio”, en una zona en donde solo están permitidos cierto número de niveles y están construyendo más.

Fuimos, por ejemplo, a un recorrido al pueblo de Santa Cruz Atoyac, a propósito de las festividades de la Santa Cruz, y nos dijeron los pobladores, en la comida que teníamos con ellos, que había un inmueble donde se autorizaban solo seis niveles y estaba proyectado construirse seis niveles más.

Eso generó la movilización de los vecinos posteriormente, aquí en el Gobierno de la Ciudad los atendimos y planteamos una mesa de negociación donde estuvieran la propia empresa, las autoridades de la alcaldía para modificar esa situación. El planteamiento del Gobierno de la Ciudad fue muy sencillo, se puso de lado de los vecinos para que solo se construyeran los niveles que estaban autorizados, solo los que estaban permitidos.

Ahí llegaron, a esa mesa que se estableció, llegó la empresa y llegó la Alcaldía Benito Juárez a defender a la empresa y a defender que se construyeran los 12 niveles, es decir, hay una situación tal que se dan este tipo de casos.

Finalmente, con la fuerza política del Gobierno de la Ciudad, se logró que se respetara la construcción solamente de estos seis niveles.

En la iniciativa que mandamos podemos apreciar una gráfica –que ya la compartiremos con ustedes– que muestra cómo durante un cierto lapso, que va fundamentalmente del año 2009 al 2021 fundamentalmente, se da un crecimiento exponencial de los niveles permitidos y particularmente de los niveles excedentes de los que están arriba de la norma.

Por ejemplo, si alcanzan a ver, encontraremos aquí cómo en el año 2008 solo tenemos el caso de un nivel excedente fuera de la norma, de acuerdo a esta información que brinda un portal ciudadano; tenemos hacia el 2009, 12 casos; tenemos hacia el 2012, 158 casos y así. Este es el lapso, este que se menciona aquí, es el lapso de gobierno del cártel inmobiliario en Benito Juárez, se da un crecimiento enorme.

Y no empieza a bajar, sino hasta el combate que realiza el Gobierno de la Ciudad de México a partir del 2021, precisamente después del hallazgo que ocurre con la explosión de los departamentos en la colonia Actipan.

Bueno, el caso de la corrupción inmobiliaria, evidentemente es un caso, es un caso de corrupción, es un caso de ilicitud, es una situación de enriquecimiento ilícito, de enriquecimiento mal habido; es un fenómeno que permite que altos funcionarios puedan amasar grandes fortunas a partir de los permisos indebidos que otorgan para que se construyan niveles excedentes, a partir de un intercambio donde el funcionario otorga los permisos y obtiene dinero, obtiene departamentos a cambio de esos permisos indebidos.

Pero, además, del fenómeno propiamente de la corrupción, tenemos también una problemática social que va imponiendo la corrupción inmobiliaria. Hay diversos efectos negativos, uno de esos efectos negativos es el encarecimiento de la vivienda, a medida que se agregan nuevos niveles a partir de actos de corrupción, evidentemente esto va a repercutir en el precio de las viviendas.

Pero a medida que se hace factible, se multiplica la posibilidad de agregar nuevos niveles a las edificaciones, esto genera una especulación con los costos del suelo, porque si en lugar de construirse cuatro niveles o cinco niveles en una edificación, se pueden construir 10, 12, evidentemente que esto desata una especulación en los costos del suelo y de la vivienda.

Tenemos otros efectos negativos también, que es en el impacto del agua porque, evidentemente las nuevas construcciones, van jalando el suministro de agua, van demandando determinadas factibilidades que, si están fuera de las normas, pues terminan afectando a los vecinos circundantes.

Y tenemos otro efecto muy delicado también, que es el de Protección Civil. Como sabemos, incluso ahora, después de los temblores del 2017, hubo edificaciones nuevas o relativamente nuevas que ya deberían haber sido construidas de acuerdo a otros estándares, que resultaron gravemente dañadas.

Por todas estas razones: porque la corrupción inmobiliaria es en sí mismo un problema de carácter moral, porque significa un enriquecimiento ilícito de funcionarios, de servidores públicos y porque tiene impactos sociales, especialmente en el encarecimiento de la vivienda, en la especulación con los costos del suelo, un impacto en la provisión de agua, un impacto en materia de protección civil, por todas estas razones es que se combate en la Ciudad de México la corrupción inmobiliaria y se va a seguir combatiendo.

Aquí quiero hacer un reconocimiento a la fiscal Ernestina Godoy Ramos por el trabajo que realizó, por su valentía, por su decisión, su entereza para enfrentar a los grupos políticos que hicieron de la corrupción inmobiliaria un gran negocio.

El Código Penal tiene ya ciertos instrumentos para enfrentar estos casos, de hecho, a partir especialmente de los delitos de enriquecimiento ilícito y de uso indebido de atribuciones, se pudo enderezar una investigación muy consistente contra altos servidores públicos de la Alcaldía Benito Juárez.

Servidores públicos que estuvieron en una administración, en la siguiente, en la siguiente, en una, en otra, en otra administración, es decir, servidores públicos que pasaron por varias administraciones porque forman parte de un mismo grupo político económico que se ha beneficiado de la corrupción inmobiliaria y que constituyeron redes de corrupción inmobiliaria que afectaron a empresas a las que les pidieron “moches”, afectaron a los compradores de buena fe que adquirieron esos departamentos, afectaron el entorno urbano de las colonias donde se hicieron esas edificaciones y tuvieron las afectaciones, que he mencionado ya de carácter general, sobre todo en materia de costo de suelo, de especulación con el precio de las viviendas.

Ahora bien, sin embargo, tomando en cuenta lo que dije al principio, que cada vez se tiene que enderezar una lucha más específica, más especializada contra fenómenos que van surgiendo, se van desarrollando para ponerles un freno, para ponerles un alto, es que presentamos esta iniciativa, es una iniciativa para crear el Capítulo 15 y establecer el delito de corrupción inmobiliaria.

En efecto, aquí le ha dado lectura el secretario de Gobierno, le voy a dar lectura nuevamente a este artículo breve que está establecido de esta manera: “Capitulo 15. Corrupción inmobiliaria. Artículo 276 Quater. Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

“La sanción por las conductas descritas en este artículo será de 10 a 20 años de prisión, con independencia de otras sanciones que correspondan a otros tipos penales.

“Se agravarán en una mitad más las penas descritas en este artículo, cuando obtenga algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie, el propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.

En otras palabras, con este artículo sancionamos al servidor público y a la red de familiares que intervienen actualmente en este tipo de operaciones de corrupción inmobiliaria, este es el propósito de este artículo, con independencia de otros delitos que se pudieran cometer.

Porque un servidor público que cometa delitos en materia de corrupción inmobiliaria puede ser acusado de enriquecimiento ilícito, de uso indebido de atribuciones y también –de aprobarse este artículo, de aprobarse esta reforma– de corrupción inmobiliaria, con las sanciones que correspondan; que, por cierto, las sanciones establecidas aquí, en este caso, son más altas que las que están establecidas en los otros delitos a los que he hecho referencia.

El objetivo nuestro, el objetivo del Gobierno de la Ciudad de México, es ponerle un alto a la corrupción inmobiliaria que está dañando el sano desarrollo urbano de la Ciudad de México.

Procedo, amigas y amigos, a firmar la Iniciativa. Firmo la Iniciativa, se la entregó al secretario de Gobierno, encargado de llevarla al Congreso de la Ciudad de México.

Muchas gracias por asistir, amigas y amigos legisladores; gracias a todas y todos, sobre todo, muchas gracias a los legisladores, ahí se las encargo para que se apruebe en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Muchas gracias, que tengan bonito día a todas y todos.

SECRETARIO DE GOBIERNO, RICARDO RUIZ SUÁREZ (RRS): Muy buenos días a todas y todos ustedes. Jefe de Gobierno, con su permiso. Me da mucho gusto estar con ustedes este día.

Me da mucho gusto saludar al doctor Ulises Lara, un gusto que esté con nosotros; por supuesto, la presencia de la Contraloría de la Ciudad de México; y, por supuesto, diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad, que van a ser el elemento central en esta iniciativa que presentaremos hoy. Por supuesto, saludar a todas y todos ustedes.

El derecho, como sabemos, las normas tienen que ser dinámicas; no hay, no podemos pensar en normas inamovibles. ¿Cuál es el sentido de las normas? Enmarcar procesos sociales y, por supuesto, regular la convivencia social.

En el caso del Gobierno de la Ciudad de México, en estos últimos meses se ha dado una tarea de revisión de nuestro marco legal para poderlo adecuar a una serie de fenómenos que se han dado en la ciudad, hay aspectos diversos que tienen que ser regulados.

Recordemos que hace unos días se modificó el Código Penal en materia de tala de bosques, o sea, nos hemos dado cuenta, en la acción que hemos ejercido por parte de Gobierno, que se requieren instrumentos mucho más eficaces para combatir una serie de delitos que hay en la ciudad.

El tema de aumentar las sanciones en materia de tala de bosques se convirtió en una iniciativa muy importante que fue aprobada por el Congreso de la Ciudad y que da instrumentos que ya están, ahorita se están aplicando, ya se han aplicado sanciones que nos permite regular de mejor manera conservar los bosques, no solo de la ciudad sino de toda la cuenca de México.

Estamos viendo otros elementos, hemos estado hablando de otros aspectos de regulación, el tema del agua se está trabajando en eso, ya lo ha anunciado el Jefe de Gobierno, se está trabajando en aumentar sanciones para el robo de agua, que es otro gran problema que tiene la ciudad.

Y, por supuesto, en estos meses, en estos años hemos visto fenómenos que son fenómenos muy graves en la Ciudad de México que tienen que ser regulados y tienen que ser sancionados de mejor manera.

Hemos hablado mucho, se ha hablado mucho del cártel inmobiliario, se ha hablado mucho de lo que se ha hecho, de lo que ha sucedido en materia de robo a la ciudad, de robo a los ciudadanos y, por supuesto, de corrupción que se ha dado entre servidores públicos que ha permitido esto que se ha llamado el “cártel de la Ciudad de México”, el cártel inmobiliario que tiene diferentes derivaciones y que se han traducido –lo sabemos ya– en sanciones específicas por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de México, que nos ha llevado a toda una discusión que ayer, cuando Ernestina Godoy dio su último informe, nos mencionaba.

Un asunto que se debe de sancionar, que debería de ser normal que se sancionara, y que se transforma en un parteaguas político donde aquellos beneficiarios de esas formas corruptas de gobernar de pronto quieren detener cualquier acción que lleve a la sanción.

Este tema, entonces, requiere también ser retomado no solamente políticamente, como ya se está haciendo, no solamente a través de acciones eficaces, como lo hizo Ernestina Godoy y como se seguirá haciendo seguramente como lo ha anunciado Ulises Lara, ahora encargado de esta Fiscalía y todo el equipo que está ahí, que será una constante, que será un elemento central que se va a continuar, sino que tiene que reflejarse también en la normatividad, en los cambios normativos.

Ese es el motivo de esta reunión: hablar sobre esta iniciativa del Gobierno de la Ciudad, que se ha platicado ya con diversos juristas, con diputados y diputadas, y que consideramos que es necesario que se implemente en la ciudad.

Se dejará a cargo del Congreso de la Ciudad que ha demostrado, a partir de grupos parlamentarios sensibles a las demandas ciudadanas, que podrá ser un elemento muy eficaz en el combate a esta lacra que ha sido la corrupción inmobiliaria y la participación de servidores públicos en ella.

Es por eso que se presentará la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan el Capítulo 15 y el Artículo 276 Quater, al Título Décimo Octavo, del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal en materia de combate a la corrupción inmobiliaria.

¿En qué consiste esta iniciativa? Lo digo de manera muy concreta, más allá de tecnicismos, es incluir primero un capítulo específico que se denomina así “Capítulo 15. Corrupción Inmobiliaria”, no existe este capítulo en la actualidad, se va a denominar de esa manera.

Y se va a incorporar un artículo específico que nos dice: “Comete el delito de corrupción inmobiliaria, el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley”.

Se señala: “La sanción por las conductas descritas en este artículo será de 10 a 20 años de prisión, con independencia de otras sanciones que correspondan a otros tipos penales”.

Se señala también: “Se agravarán en una mitad más las penas descritas en este artículo cuando se obtenga algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie”.

Como se ve, el tema central implica cumplir con tres objetivos: disuadir el surgimiento de las organizaciones similares al cártel Inmobiliario dentro de la administración pública de la Ciudad de México y sus alcaldías, evitando que ocurran hechos similares a los ocasionados por este grupo en contra de la población.

Contar con instrumentos normativos que permitan combatir eficazmente la corrupción en todos los ámbitos del servicio público, con énfasis en aquellos casos que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.

Y contribuir, desde el ámbito de lo penal, a la transformación de la política inmobiliaria de la Ciudad de México, sustituyendo el paradigma de la vivienda como objeto de especulación financiera por el de un derecho fundamental de las personas a contar con un lugar donde vivir segura y dignamente.

Consideramos que esta modificación que se presentará a consideración de los diputados y diputadas puede ser un instrumento más que nos permita detener esta lacra.

Ya sabemos y coincidimos en que el derecho, y en particular el derecho penal, no tiene que tener un énfasis punitivo, sabemos que debe de haber elementos disuasivos y sabemos, además, que tratándose del tema de servidores públicos lo importante es cambiar la cultura política, es cambiar la forma en que se usa en la actualidad por parte de algunos sectores y se usó históricamente el servicio público para enriquecimiento de grupos o de personas; y es cambiarlo por una visión diferente donde los servidores públicos, efectivamente, hacen honor a su nombre: sirven a la sociedad.

Eso es lo que pretendemos y eso es lo que va a cambiar definitivamente y erradicar la corrupción: cuando hay un cambio verdadero en la visión de quienes llegan al gobierno. Eso es lo que se va a modificar, pero tenemos que tener un instrumento para quienes no entienden esto y siguen tratando de lucrar con el patrimonio de las personas.

Por eso consideramos que esta es una iniciativa muy importante que pondremos a consideración de los diputados y diputadas de la Ciudad de México. Muchas gracias.