El Plan de Desarrollo y Programa de Reordenamiento Territorial velan por el cumplimiento del Derecho a la Ciudad: Claudia Sheinbaum
● La Jefa de Gobierno afirmó que el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial garantizan que los espacios de la ciudad no sean explotados con megaproyectos, como se hizo en administraciones pasadas
● El secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, aseguró que las preocupaciones de los pueblos originarios y de las organizaciones urbanas fueron el eje rector de los documentos
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), elaborados por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), tienen como base el rescate del Derecho a la Ciudad, garantizar el acceso al espacio público seguro y de calidad.
“Se garantizan los derechos que están establecidos en la Constitución de la Ciudad; en ese sentido, la Constitución es una Constitución de avanzada, que reconoce los derechos de los ciudadanos y al mismo tiempo, el derecho a la Ciudad. (...) El derecho a que si vives en una zona donde tienes problemas de agua, no haya otros mega desarrollos que disminuyan el consumo de agua o la disponibilidad de agua para los que estaban antes y para los que vienen”, expresó.
Claudia Sheinbaum, enfatizó que a diferencia de las administraciones capitalinas pasadas, donde se priorizó el lucro a través del espacio público y que se tradujo en corrupción inmobiliaria, ahora el PGD y el PGOT contemplan la calidad de vida de los habitantes.
“El neoliberalismo lo que planteó es que todo se podía convertir en mercancía. (...) Lo que no queremos es que la ciudad sea dominada por ese mercado y que quede establecido lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, en dónde y que no se convierta también la ciudad en un incremento en los precios del suelo, de tal manera que se vaya gentrificando cada vez más”, mencionó.
En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que ambos documentos rescatan dos principios rectores: la definición del uso del suelo habitacional y las limitaciones de la Ciudad en términos de sus recursos naturales.
“Ahora lo que hacemos es respetar eso que la ciudadanía ha pedido desde hace mucho tiempo: respetar el suelo de conservación para que no se preste ni a privatizaciones de las comunidades, de los ejidos, ni al crecimiento de la mancha urbana de manera oficial, frente a la venta de predios”, dijo.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, detalló que la esencia de ambos documentos son: la regulación responsable del suelo, la vivienda adecuada y asequible, el espacio público seguro, el medio ambiente sano y la Movilidad integrada, además de que protegen el uso de suelo habitacional, una de las principales demandas de la ciudadanía.
“Se incorpora con claridad la existencia de los usos de suelo habitacionales puros y, particularmente, el uso de suelo habitacional unifamiliar, de casa habitación también queda protegido. De tal forma, que con esta claridad no haya lugar a interpretación de que todo el suelo se vuelve mixto, es decir, se protege el uso de suelo habitacional”, acotó.
Agregó que la elaboración del PGD y el PGOT es un ejercicio único, ya que partió de la consulta social y de las preocupaciones de los pueblos, barrios originarios y diversas organizaciones urbano-populares.
“Se establecen mecanismos para impedir la privatización del servicio de agua. También, se agrega un elemento muy importante, que es la prohibición de construcción de megaproyectos o grandes conjuntos comerciales en las llamadas zonas que tienen estrés hídrico; de tal manera, que se proteja esas zonas donde ya no se puede construir más porque apenas alcanza el agua para quienes viven en estas zonas”, aseguró.
Asimismo, Martí Batres señaló que el PGOT no tendrá efectos legales y administrativos sobre el territorio de Milpa Alta, luego de que la Secretaría de Gobierno firmó un acuerdo con sus habitantes en diciembre de 2022.
“Se reconoce que hay tiempos sociales, jurídicos, políticos y culturales propios de los pueblos y comunidades de Milpa Alta. (...) ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Respetar los acuerdos que firmó. ¿Qué está haciendo el gobierno? Respetar los acuerdos que firmó”, apuntó.
Finalmente, mencionó que, tras llevarse a cabo todo un proceso para su conformación, el IPDP enviará los documentos a la Jefa de Gobierno, quien dará una última revisión antes de enviarse al Congreso de la Ciudad de México, para que inicie su trabajo de análisis y aprobación.
“Primero, tuvimos un proceso de consultas formales que concluyeron en enero de 2023. Segundo, se realizó el análisis y la integración de todas las opiniones recibidas. Tercero, se llevó a cabo un ejercicio de trabajo intenso y cercano con referentes ciudadanos, civiles, vecinales, populares, académicos, para revisar textos y acordar la incorporación de propuestas, precisar redacciones. (...) Este ejercicio una vez que terminó, desembocó en la reunión de la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, con la aprobación de ambos proyectos de documentos”, subrayó.